La Corte Internacional de Justicia en La Haya inició el debate para decidir si es competente para tratar la solicitud de Guyana respecto al territorio conocido como el Esequibo, en disputa con Venezuela. ¿Qué hay detrás de esa solicitud? ¿Por qué en este momento y qué está en juego?

El Reino Unido fue uno de los mayores imperios en el pasado reciente. Hizo y deshizo cartas, fronteras, dividió naciones, dejó promesas, conflictos, dolor, y se llevó riquezas. América Latina no escapó a sus movimientos de robo y asalto, engaños económicos, siempre, o casi, apoyados por unas minoritarias élites en cada uno de los respectivos países.

Uno de esos enclaves ha sido objeto de disputa por parte de Venezuela durante más de un siglo. Antes de ser enclave fue robo: el Reino Unido tomó un territorio perteneciente a la naciente República de Venezuela. El corrimiento de la línea fronteriza en favor de la colonia del imperio, la Guyana Británica, fue progresivo: 1835, 1840, 1887, 1897.

En 1899 tuvo lugar el Laudo de París, sin presencia de Venezuela. Allí se establecieron las fronteras a conveniencia británica. La república sudamericana perdió 159.500 kilómetros cuadrados de territorio en su frontera este, en la denominada Guayana Esequiba o el Esequibo, por el nombre del río que marca la frontera que reclama Venezuela.

«Venezuela cuestionó el Laudo desde el mismo momento en que fue dictado y, desde los años 40 del siglo XX, intensificó las gestiones para la reactivación de la reclamación del Esequibo«, explica Fleming.

Esa reclamación tuvo un punto central en 1966 con el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guyana Británica, donde se reconocía la existencia de una controversia territorial. «La simple firma del Acuerdo representa un reconocimiento expreso de la invalidez de la Sentencia Arbitral de 1899».

Así, pocos meses después de esa firma, al nacer la República Cooperativa de Guyana, ya independiente de Reino Unido, quedaba claro que parte del territorio de la nueva República estaba en reclamación. Esa «controversia pendiente», según lo firmado, debía ser «amistosamente resulta en forma que resulte aceptable para ambas partes».

Esto último significó, en vista que no hubo acuerdo sobre un mecanismo amistoso, que la decisión sobre el método de resolución fuera referida al Secretario General de Naciones Unidas. Así lo indicaba el Acuerdo de Ginebra, y se acudió al «método de buenos oficios», que duró entre 1988 y 2018.

La oportunidad

El conflicto en torno a la Guayana Esequiba comenzó a cobrar mayor tensión con la escalada de agresiones contra Venezuela. Una línea de tiempo muestra cómo desde la asunción de Nicolás Maduro como presidente en 2013 hasta la actualidad, tuvo lugar un despliegue de métodos de desestabilización que debilitaron a Venezuela.

Ese escenario de fragilidad fue visto como una oportunidad para Guyana para avanzar en dos puntos centrales. En primer lugar, otorgar mayores concesiones a empresas transnacionales de hidrocarburos dentro del territorio en reclamación. Uno de los casos más importante es el de la estadounidense Exxon Mobil, que realizó nuevos descubrimientos de reservas petroleras.

En segundo lugar, abrir una ofensiva para lograr su objetivo central: el reconocimiento de la demarcación de fronteras de 1899, el Laudo que Venezuela considera «nulo e írrito». Para eso decidió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«Guyana aprovechó la actual coyuntura política de Venezuela para introducir su demanda unilateral en la Corte. Se fundamentó en la desafortunada decisión del Secretario General de la ONU de escoger el arreglo judicial como método de solución de la controversia», explica Fleming.

El conflicto por el Esequibo pasó así del «método de buenos oficios» a la CIJ, aunque, Fleming señala que el Acuerdo de Ginebra no establece que las partes puedan demandar unilateralmente o someter la controversia a la Corte, sin el consentimiento del otro Estado. Y Venezuela no dio su consentimiento para que la CIJ arbitre sobre el caso.

ste 30 de junio fue la primera sesión por videoconferencia de la Corte, aprobada especialmente para esta audiencia.

Corte y objetivos

Venezuela no reconoce a la CIJ. «Ningún Estado puede, unilateralmente, obligar a nuestro país a reconocer la jurisdicción de la Corte», analiza Fleming.

«Venezuela nunca ha reconocido ni ipso facto ni a través de ningún convenio especial la jurisdicción obligatoria de la Corte. Tampoco ha firmado con Guyana un Acuerdo binacional que establezca expresamente que la controversia territorial sobre el Esequibo deba, en caso de no solucionarse por otros medios, ser sometida a la Corte Internacional de Justicia».

Venezuela, si bien forma parte del Estatuto de la Corte, tiene como posición histórica no someter a la consideración de terceros —ni árbitros, ni cortes— los asuntos relativos a su independencia, soberanía e integridad territorial (asuntos vitales), «más aún después de haber sido víctima de innumerables despojos», comenta el exembajador.

Por lo tanto, la decisión del Gobierno venezolano ha sido no reconocer y no presentarse a la audiencia iniciada el martes 30 de junio. «La demanda unilateral de Guyana es improcedente y la Corte no tiene competencia para tratar el asunto«.

Lo que debe definir la CIJ es su competencia para decidir sobre la solicitud de Guyana, que pide validar el Laudo de 1899, el mismo que Venezuela considera «nulo e írrito», desconociendo de esta manera el Acuerdo de Ginebra de 1966 que daba por inválido el Laudo.

No es la primera vez que la CIJ aborda el tema de su competencia: este es el caso número 18 desde 1954. Tampoco es la primera oportunidad en que la parte que no reconoce la jurisdicción de la CIJ decide no participar. «Sin embargo, aun cuando no hayan participado, los Gobiernos de esos Estados han enviado sus observaciones a la Corte respecto a sus posiciones nacionales», explica Fleming, Venezuela también lo hizo en esta oportunidad.

De los 17 casos anteriores, la CIJ se declaró competente en ocho, y en nueve no. De esos 17, solamente dos tenían que ver con controversias territoriales: en un caso se declaró incompetente —Grecia y Turquía— y en otro competente —Qatar y Bahréin—.

Posibilidades

Hay varias hipótesis sobre lo que sucederá, según Fleming:

Que la CIJ se declare competente y trate la validez del Laudo y no la controversia territorial.

«En este sentido, los argumentos que teóricamente tendrían que presentarse son aquellos que confirman que el Laudo es nulo e írrito. Este escenario es, a mi juicio, el peor para Venezuela. Hasta ahora, ningún tribunal internacional ha invalidado sentencias arbitrales en materia territorial».

Que la CIJ se declare competente, pero cambie o amplíe el objeto de la demanda.

«Es posible que la reclamación territorial deba ser abordada frente a la Corte, Venezuela, al igual que Guyana y Gran Bretaña en su momento siempre se opusieron a ello».

Fleming sostiene que Guyana continúa oponiéndose a que su frontera con Venezuela sea revisada y redefinida por la Corte. «Por eso, tomó la previsión de introducir una demanda que sólo busca la validación del Laudo de 1899».

La posibilidad «más favorable para Venezuela», es que la Corte declare que no es competente e «inste a los países a resolver el diferendo territorial a través de otro de los métodos de solución pacífica de controversias».

Según cada resultado, Venezuela tendría varias opciones para su defensa. Invocar, por ejemplo, el artículo 98 del Estatuto de la Corte y presentar una demanda de interpretación, o invocar el artículo 99 y presentar una revisión de fallo, explica Fleming.

«En ambos casos, la Corte puede declarar admisible la demanda, e incluso podría decidir que la admite previo cumplimiento del fallo en cuestión, por lo que debería dictar una providencia al respecto», agrega.

Se trata entonces de una disputa compleja en un momento donde Venezuela se encuentra bajo asedio en diferentes frentes. Guyana busca aprovechar esa oportunidad para validar el Laudo que «respondía a los intereses económicos de Gran Bretaña, la primera potencia de la época, que buscaba asegurarse el control marítimo de la zona y sobre el río Orinoco».

Eso mismo se repite hoy: detrás del avance de Guyana están los intereses de las transnacionales que ya se encuentran en el territorio en reclamación y buscan desarrollar inversiones millonarias.

Por eso una de las peticiones de Guyana a la Corte es que diga y juzgue que «Venezuela debe abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier persona física o jurídica autorizada por Guyana para llevar a cabo actividades económicas o comerciales en el territorio guyanés».

Así como en el siglo XIX, cuando Reino Unido se apropió ilegalmente de parte del territorio venezolano, el asunto es, otra vez, las riquezas del territorio para ser apropiadas por potencias o empresas extranjeras.