El Gobierno de Colombia pactó con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) un protocolo que regirá el cese al fuego hasta el próximo mes de junio.
El Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz afirmó a través de un comunicado que el protocolo integra las herramientas para la implementación del acuerdo con el Estado Mayor Central de las FARC, grupo menor que regresó a las armas tras el proceso de paz.
En este sentido, se incluye un mecanismo de “veeduría, monitoreo y verificación, que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidencias o incumplimientos”.
De igual forma, las autoridades colombianas precisaron que no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho por lo que la fuerza pública continuará cumpliendo sus compromisos con la seguridad y la defensa nacional.
El texto rubricado prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía y vías primarias con el objetivo de evitar cualquier afectación a la vida e integridad física de los civiles.
Al mismo tiempo, el acuerdo establece que cualquier otro grupo armado que “incursione con intenciones hostiles en el área de los frentes previamente georreferenciados, estará sujeto a la acción legítima del Estado para el uso y aplicación de la fuerza”.
En consonancia, añade que “las autoridades militares y policiales continuarán sus operaciones ofensivas frente a aquellos grupos con los que no hay cese al fuego”.
El Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro anunció el pasado mes de diciembre el cese el fuego con grupos armados como parte de la política de paz total.