El Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, representado por la Procuración del Tesoro, se presentó como querellante en una causa que investigará si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La querella penal iniciada mediante el Decreto 239/2021, publicado el sábado en el Boletín Oficial, en la causa contra Macri se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 5 de la Capital Federal.
Según el artículo 1° del decreto, habría necesidad que el procurador del Tesoro, Carlos Zanini “coadyuve en la promoción de la acción penal” para determinar a los responsables de la acción que se investigan y que pudieron dañar al Estado argentino.
El propio decreto instruye además al procurador “a iniciar las acciones conducentes ante los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”.
De igual manera se solicitó a la Sindicatura General de la Nación para determinar el monto del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos del FMI y los plazos comprometidos para el reembolso.
Todo esto “en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”, por lo cual solicitan la colaboración del Banco Central.
Hace un mes, Alberto Fernández se refirió a este endeudamiento impulsado por el expresidente Macri, como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
Telesur
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