El Presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, comparecieron este jueves ante un tribunal de Nueva York en una audiencia marcada por el debate sobre el uso de recursos soberanos para su representación legal. Durante la sesión, el juez Alvin Hellerstein puso en duda la vigencia y la lógica de los argumentos de la fiscalía para mantener bloqueados los activos que permitirían financiar la defensa técnica.
El magistrado sugirió que la licencia necesaria para estos pagos podría haber sido “retenida arbitrariamente” por el Departamento del Tesoro.
En un momento de alta relevancia jurídica, el juez Hellerstein priorizó los principios del debido proceso sobre las consideraciones de política exterior. El magistrado enfatizó que la capacidad de los acusados para ejercer su defensa es un derecho superior a las sanciones impuestas.
“No veo ningún interés permanente de seguridad nacional en el derecho a defenderse”, sentenció el juez, rebatiendo la postura del Gobierno de Estados Unidos que busca impedir que el Estado venezolano sufrague los honorarios de sus representantes.
Fiscal insiste en sanciones mientras la defensa denuncia vulneración de derechos
La fiscalía, representada por Kyle Wirshba, intentó justificar la restricción de fondos alegando que permitir el acceso a estos recursos desvirtuaría la naturaleza de las sanciones internacionales. Según el fiscal, si la premisa de las medidas es evitar el uso de la riqueza nacional, “eso socavaría las sanciones para permitirles acceder a los mismos fondos ahora para pagar su defensa”.
