El Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos (EE. UU.) sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, tras considerar que los ataques militares estadounidenses contra presuntos traficantes violan el derecho internacional.
Durante años, el Reino Unido —que mantiene bases de inteligencia en varios territorios caribeños— había colaborado con Washington para rastrear e interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, en coordinación con el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, con sede en Florida. Sin embargo, según CNN, Londres decidió suspender la cooperación hace más de un mes, preocupada por el uso de información británica en ataques letales, en los que fueron asesinadas al menos 76 personas.
Funcionarios británicos consideran que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales y violan el Derecho Internacional Humanitario, postura que coincide con lo expresado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Colombia, entre otros.
“Los ataques violan el derecho internacional y equivalen a ejecuciones extrajudiciales”, afirmó Türk en octubre, declaración con la que Londres coincide plenamente, según las fuentes citadas.
Oposición en EE. UU.
Desde septiembre, la administración Trump autorizó al Ejército estadounidense a emplear fuerza letal, argumenta que los presuntos narcotraficantes representan una amenaza inminente y son “combatientes enemigos” en un “conflicto armado” con EE. UU.
Sin embargo, juristas en derecho internacional sostienen que la designación terrorista no autoriza automáticamente el uso de la fuerza letal, y que muchas de las embarcaciones atacadas estaban fondeadas o no representaban amenaza inmediata, de acuerdo con los informes obtenidos por CNN.
Fuentes de defensa revelaron que el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, presentó su renuncia tras expresar dudas sobre la legalidad de los ataques en una reunión con el secretario de «guerra» (anteriormente de Defensa), Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto.
Además, abogados del Departamento de Defensa y asesores militares activos y retirados han manifestado que los ataques no se ajustan al Derecho Internacional de los Conflictos Armados, aunque el Pentágono ha negado cualquier desacuerdo interno.
Canadá se desmarca también
Canadá, otro aliado estratégico de Washington en la Operación Caribe, también se desmarcó de los ataques estadounidenses, aunque continuará su cooperación antidrogas con la Guardia Costera de EE. UU. Fuentes diplomáticas señalaron que Ottawa pidió garantías de que su inteligencia no sea utilizada para seleccionar objetivos de ataques letales.
El Ministerio de Defensa canadiense precisó que las actividades de las Fuerzas Armadas en el Caribe son “separadas y distintas” de las operaciones militares impulsadas por Washington, reafirma que no participará en acciones que contravengan el derecho internacional.