A través de un comunicado, el gobierno regional, liderado por el My. Gerardo Márquez, ordenó la desconexión inmediata de tomas clandestinas en la Planta Potabilizadora Triestadal Torondoy, que están afectando la distribución de agua potable a más de 350 mil personas de 8 municipios, 5 de ellos pertenecientes al estado Trujillo.
Con esta acción se busca garantizar este servicio público a las familias como interés principal del Presidente Nicolás Maduro. En este sentido, parte del comunicado reza: “Tienen 72 horas para hacerlo, de lo contrario serán puestos a la orden del Ministerio Público por sabotaje y violación de un derecho humano básico e inalienable”.
De esta manera, la Revolución Bolivariana mantiene como prioridad el bienestar colectivo y lucha contra quienes “pretenden lucrarse con lo que por derecho es del pueblo”.