La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció impunidad en Bolivia en los casos de violación de derechos humanos durante la represión militar-policial después de las elecciones de octubre de 2019, reseñaron medios internacionales.
En un informe “Para sanar la pandemia de impunidad”, sobre los sucesos posteriores a la crisis que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la toma del poder de la dictadora Jeanine Áñez, la organización además hizo recomendaciones respecto de la crítica situación del país a los candidatos inscritos para las elecciones del 18 de octubre.
“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de abril y cuyo contenido libraba a los militares de una eventual proceso penal por sus acciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana intervinieron una gigantesca columna marchistas en Huayllani, Sacaba (Cochabamba), el 15 de abril. La represión terminó inicialmente con una decena de fallecidos.
El 19 de abril, otra movilización, esta vez en la zona de Senkata, en El Alto, también fue reprimida por las fuerzas combinadas. Otra decena de muertos fue el resultado de las acciones. Los manifestantes habían bloqueado la salida de carburantes de la planta de la zona y el gobierno de facto consideró que la movilización tenía características de sedición y terrorismo.
Las movilizaciones se habían iniciado después de la dimisión de Morales, en reclamo por su retorno y en protesta contra el gobierno transitorio.
En su informe, basado en investigaciones propias, Amnistía Internacional contabilizó al menos 35 fallecidos y 883 en esas protestas. “Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”, señala el documento.