La Fiscalía de Perú solicitó a la Justicia investigar al presidente Pedro Castillo Castillo como líder de una organización criminal enquistada en el Estado para obtener beneficios de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de «tutela de derechos» presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso
«Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», expresó Samuel Rojas, representante de la Fiscalía.
Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.
La Fiscalía ha recibido los testimonios de dos empresarios llamados Karelim López y Zamir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones con los funcionarios imputados.
El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral, reseñó EFE.