“Bolsonaro desprecia las recomendaciones de los científicos; sembró, en repetidas ocasiones, el descrédito de todas las medidas de protección -como el uso de mascarillas y el distanciamiento social-, y promueve el uso de medicamentos ineficaces”, afirmaron.
Precisaron además que su Ejecutivo paraliza la capacidad de coordinación de la autoridad federal de Salud, desestima la importancia de las vacunas y se ríe de los miedos y lágrimas de las familias.
En el organismo internacional, Maria Hermínia Tavares de Almeida, una de las fundadoras de la Comisión Arns, alertó que la situación en el gigante suramericano resulta desesperada.
“La covid-19 cobra un enorme precio en pérdidas de vidas y dificultades económicas. La enfermedad afectó de forma desproporcionada a la población negra y más pobre, y a las comunidades indígenas y tradicionales”, advirtió.
Otras tres veces el exmilitar resultó denunciado en tribunales internacionales. En noviembre de 2019 una representación de la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos inculpó al gobernante ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en Países Bajos, por “crímenes de lesa humanidad” e “incitación al genocidio de los pueblos indígenas”.
Nuevamente en marzo de 2020, Bolsonaro enfrentó imputación en la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por el líder nativo Davi Kopenawa, portavoz de la etnia Yanomami, por supuestas violaciones de los derechos de los pueblos originarios aislados.
“A él (Bolsonaro) no le gustan los indígenas y no le gusto yo”, dijo en la ocasión Kopenawa.
En julio de 2020, el nombre de Bolsonaro se escuchó otra vez en el Tribunal de La Haya en una representación penal entregada por la coalición coordinada por la dirección de la Red Sindical UniSaúde sobre la desastrosa gestión de su gobierno ante la crisis sanitaria.
“Fallos graves y mortales en el enfrentamiento a la pandemia de la covid-19”, señalaba el informe.