A un año de la firma del acuerdo de alto al fuego con Hezbolá, el Gobierno libanés denunció que Israel continúa con agresiones sistemáticas en el sur del país, incumpliendo de manera reiterada los compromisos pactados.
Las autoridades señalaron que los ataques israelíes han alcanzado aldeas fronterizas, el Valle de la Bekaa y el suburbio sur de Beirut, dejando más de 330 civiles asesinados y centenares de heridos. Incluso posiciones del ejército libanés y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) fueron blanco de bombardeos, lo que constituye una violación grave del pacto de cese al fuego.
Pese al acuerdo, Israel mantiene presencia militar en colinas estratégicas y ha incumplido los plazos establecidos para su retirada. Informes de la UNIFIL confirman más de 7.500 violaciones aéreas y 2.500 incursiones terrestres desde la firma del acuerdo, evidenciando un patrón de hostilidad sostenida.
El lunes 24 de noviembre, cientos de libaneses se movilizaron en Beirut para condenar los ataques y la injerencia estadounidense, que presiona por el desarme de Hezbolá. Los manifestantes reafirmaron el derecho a la resistencia y alertaron sobre el “peligro real” que representa la ocupación para la seguridad nacional, llamando a la unidad interna y proclamando a Beirut como la “capital de la resistencia y la firmeza árabe”.
El activista internacional Georges Abdallah instó a intensificar las protestas tras los recientes ataques contra Haret Hreik y el campamento de Ain al-Hilweh. Subrayó que enfrentar la normalización con Israel es indispensable y reiteró que “el fusil de la resistencia continúa siendo el principal escudo de la soberanía en el Líbano”.
La manifestación también visibilizó la situación de los detenidos libaneses en cárceles israelíes, un tema que, según los organizadores, ha sido desatendido por el Gobierno y los medios locales. Actualmente, más de una docena de ciudadanos permanecen encarcelados, varios de ellos secuestrados tras el acuerdo de noviembre de 2024.
Las autoridades libanesas recalcaron que los ataques israelíes constituyen la más reciente y flagrante violación del alto al fuego firmado en 2024. Desde octubre de 2023, las ofensivas han provocado la muerte de aproximadamente 4.000 personas y el desplazamiento de más de 1,2 millones de residentes, profundizando la crisis humanitaria y poniendo en entredicho la vigencia del pacto.