Una red de trata de personas y explotación laboral fue desarticulada en Uruguay. La Justicia imputó a seis personas en el departamento de Artigas, en el extremo norte del país sudamericano.
Según informes de prensa, los implicados traían a ciudadanos venezolanos bajo engaño y la promesa de que trabajarían por miles de dólares. El reclutamiento fue a través de Whatsapp.
Les ofrecían trabajo en la cantera y cuando llegaban a Artigas eran obligados a trabajar más horas de las debidas y tenían que vivir en el mismo lugar en el que trabajaban, en condiciones infrahumanas. Una de las víctimas, que llegó a Uruguay en enero, denunció la situación.
Los delincuentes explotaban laboralmente a los emigrados en canteras de Artigas y les retenían sus pasaportes.
Entre los imputados hay una funcionaria del Ministerio de Defensa, según denunció el opositor Frente Amplio, que la vinculó con el titular de esa cartera, Javier García, quien aspira a la presidencia de la República en los comicios de octubre próximo.
“No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina en la sección notarial», suscribió el ministro de Defensa en la red social X, reseña Prensa Latina.
Sin embargo, usuarios de la red social X denuncian a través de documentos difundidos en sus cuentas que la jefa interina, Sonia Maria Mora Pintos, presunta involucrada en la trata de personas contra venezolanos, fungía como “Asesora III”.