La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio indicaciones de investigar la protesta realizada por cientos de trabajadores en Choluteca, al sur del país, contra la Ley de Justicia Tributaria, y acusó a empresarios privados y a organizaciones políticas de la zona sur de financiarla.
Durante una reunión con los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la jefa de Estado pidió deducir responsabilidades a promotores u organizadores de la movilización, ocurrida el 9 de mayo y que busca “impedir que esta ley sea discutida y aprobada” en el Congreso, manifestó a través de Twitter.
Asimismo, condenó los actos de violencia ocurridos durante los debates de la norma y convocó a la población a mantenerse atenta frente a las manipulaciones de grupos y personas que en realidad desean conservar sus privilegios.
Según reportes de prensa, en la protesta en Choluteca participaron miles de trabajadores de empresas meloneras y camaroneras, entre otras, quienes adujeron que la Ley de Justicia Tributaria supuestamente ahuyentará a los inversionistas, obligará al cierre de empresas y creará desempleo.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrin, consideró a través de Twitter que el proyecto tributario “tendrá repercusiones en los empleos y las inversiones”. Por otro lado, solicitó a la presidenta hondureña convocar a un diálogo nacional para llegar a consensos sobre el tema.
Denuncian uso del chantaje y la mentira para movilizar
Tras la protesta del martes, el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, llamó a no predisponer a la ciudadanía contra la Ley de Justicia Tributaria y denunció que es ilegal que directivos de empresas coaccionen a sus empleados con el despido o recortes salariales si no se suman a las movilizaciones.
Adelantó que la Secretaría del Trabajo defenderá a cualquier trabajador que sea víctima de estos chantajes, en particular si provienen de patrones de empresas que disfrutan de amplias exoneraciones fiscales o evaden el fisco.
Dejó claro que la mayoría de los trabajadores pagan impuestos de manera indirecta y con ello sostienen los planes de desarrollo. También rechazó que se mienta a los empleados para movilizarlos. En este sentido, afirmó que fue falsa la información utilizada por el sector privado para convocar a la protesta en Choluteca.
Negó que estas empresas vayan a perder sus beneficios fiscales dentro de dos años, como trasmitieron a sus trabajadores, y dejó claro que sí se pondrá fin a la evasión fiscal, violación que cometen incluso empresas exoneradas de tributar, dijo.