Es hora de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconozca sus responsabilidades en derechos humanos y desactive la bomba de tiempo en que se han convertido las políticas de austeridad en Ecuador, reclamó la organización Internacional Progresista.
En un documento publicado en su página web, los firmantes del Grupo de Justicia de la Deuda al FMI indicaron que las políticas de austeridad del fondo en Ecuador “están causando graves estragos en la economía del país así como en su sistema de salud”.
Además sostienen que se “ha provocado una vulneración sistemática de los derechos económicos y sociales que la Constitución ecuatoriana y las normas internacionales protegen”.
El FMI no puede actuar de espaldas a los pueblos insistiendo en recetas fracasadas que amenazan con hundir a Ecuador en una espiral insostenible de endeudamiento y en una crisis económica y social de mayores proporciones, indicaron.
Esta inconformidad popular, así como las consecuencias devastadoras de la Covid-19 que la austeridad fiscal ha amplificado, dejan suficientes lecciones para que el FMI reconsidere su papel en Ecuador, consideraron.
El Grupo detalla los sistemáticos fracasos de imponer polìticas de austeridad en el país suramericano que impactan en el sistema de salud, los servicios públicos, los programas de protección social y los esquemas regulatorios que son esenciales para proteger los derechos económicos y sociales de la población.
La CEPAL estima que Ecuador será uno de los países con los mayores aumentos en la pobreza extrema y la desigualdad de la región producto de la Covid-19.
El Grupo propone al FMI “evaluar seriamente y transparentar el impacto en los derechos humanos de las condiciones a las que sujeta sus préstamos”.
“Respetar los procesos democráticos para la toma de decisiones económicas y abstenerse de ejercer cualquier influencia indebida que restrinja el espacio fiscal necesario para proteger los derechos socioeconómicos”.
El FMI “debería recomendar y promover políticas alternativas basadas en derechos para ampliar el espacio fiscal tales como la realización de una reforma tributaria que grave los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de grandes corporaciones”, sostiene el Grupo.
Entre otras recomendaciones se encuentran “el combate sin tregua a la evasión y la elusión fiscal; la derogación de la norma que impide al Banco Central del Ecuador adquirir títulos de deuda pública para financiar los problemas de liquidez en situaciones de crisis como la actual”
Además apoyar “un proceso de reestructuración ordenado de la deuda a nivel internacional, en línea con los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana de las Naciones Unidas”.
El documento lo apoyan académicos, investigadores y expertos en la materia del Grupo de Justicia de la Deuda al FMI como Allison Corkery, Jayati Ghosh, Osama Diab, Sergio Chaparro, Ignacio Saiz, Adrián Falco, Leilani Farha, John N. Robinson III, Andrés Chiriboga-Tejada, Carolyn Sissoko, Crystal Simeoni y Gilad Isaacs.
Otros fimantes son Nicholas Loubere, Philip Mader, Matthias Goldmann, Stephan van der Merwe, Z. Fareen Parvez, Ingrid Harvold Kvangraven, Melinda Cooper, Demba Moussa Dembele, Ammar Rashid, y Martino Comelli.